Una investigadora pierde un contrato de excelencia por un error de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2023)

Adriana Rodríguez tendría que haberse incorporado el 1 de septiembre a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con un contrato de investigación de excelencia para estudiar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos. “Había organizado toda mi vida para eso, era lo acordado”, sostiene. A principios de este año, la Agencia Estatal de Investigación había adjudicado a esta bióloga tinerfeña, por su currículo, una ayuda Juan de la Cierva Incorporación. Se trata de uno de los programas posdoctorales más competitivos de la ciencia española, con una tasa de éxito (solicitudes concedidas respecto al total de presentadas) que ha rondado en los últimos años el 15%, según la Federación de Jóvenes Investigadores. Un porcentaje que revela la dificultad para obtenerla.

Sin embargo, un error de la ULPGC amenaza con dejar a Rodríguez sin ese contrato de excelencia, en el paro y penalizada en su carrera investigadora, sin opción de concurrir a otras convocatorias como las prestigiosas becas Ramón y Cajal. Todo porque la universidad presentó fuera de plazo ante el Ministerio de Ciencia e Innovación un recurso con el que, a su vez, pretendía enmendar una controvertida decisión anterior, la de renunciar de forma unilateral a esa ayuda por no encontrar encaje legal para contratar a la científica.

El caso ha tenido tres fechas señaladas y varios giros. La primera es la concesión de la ayuda. La Agencia Española de Investigación notificó en enero a la bióloga y a la ULPGC que el proyecto presentado de forma conjunta, que en un principio había quedado en la lista de reserva, había sido finalmente seleccionado. El programa Juan de la Cierva Incorporación está dirigido a personas con el título de doctor/ doctora y financia contratos de tres años para trabajar en organismos de investigación o en centros de innovación y desarrollo. La cuantía de la ayuda es de 30.500 euros por año. Es decir, de 91.500 en el trienio.

Además, abre la puerta a concurrir a otras ayudas competitivas, como el programa Ramón y Cajal para la contratación de personal investigador durante cinco años, y también a la obtención de la certificación i3, que reconoce “los requisitos de calidad de la producción y actividad científica” que impliquen una “trayectoria investigadora destacada”. La Federación de Jóvenes Investigadores define las ayudas Juan de la Cierva Incorporación como “una pequeña luz en el túnel de precariedad e inseguridad” de la carrera científica en España.

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Renuncia en el último momento

La resolución de enero, provisional, se convirtió en definitiva a finales de junio. Sin embargo, y aquí se produce el segundo acontecimiento relevante en todo el proceso, la ULPGC decidió renunciar en el último momento a la ayuda que previamente había aceptado. “Me llamaron desde la dirección de Recursos Humanos de la universidad sobre las cuatro de la tarde del último día y me dijeron que no me podían contratar”, cuenta la investigadora.

La universidad aludía como impedimento al artículo 22 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que entonces, dos meses antes de la última reforma (aprobada el pasado 6 de septiembre), fijaba una duración máxima de cinco años para los contratos de acceso del personal investigador doctor (ahora son seis). Rodríguez ya había consumido, de anteriores proyectos en las dos universidades públicas canarias, dos años y medio en ese cómputo, de manera que, con los tres años que exige la ayuda Juan de la Cierva, se excedía ese límite. Desde la ULPGC no encontraron la fórmula para incorporar a la bióloga y desistieron.

“Con lo que cuesta obtener un contrato de este tipo, dado lo competitivos que son, con lo dura que está la carrera científica, con lo difícil que es compaginar la maternidad (es madre de dos niños) con la carrera científica... Y una vez que una va superando todos esos obstáculos, llega la universidad con la que has pedido tu (ayuda) Juan de la Cierva y se rinde ante lo más mínimo sin dejar tiempo para maniobrar, para ver otras opciones”, resumía entonces la investigadora en un escrito difundido a través de sus redes sociales.

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Alternativas de contratación

Antes de la renuncia de la ULPGC, Rodríguez había realizado consultas en distintos foros, en la propia Agencia Estatal de Investigación y en otras universidades. También había localizado a investigadores posdoctorales que se encontraban en una situación similar y que sí habían podido ser contratados con otras fórmulas. Después de ese desistimiento ajeno y de intentar, sin éxito, un cambio de centro, siguió tocando puertas para presentar quejas y buscar soluciones. A través de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife acabó llegando a Alicia Durán, vocal de CCOO en el Consejo Asesor de la Agencia Española de Investigación. Su mediación sería clave para que la afectada pudiera tener la oportunidad de recuperar ese contrato. Tras varias reuniones entre los estamentos implicados, se llegó a la conclusión de que sí era posible contratarla y que, para ello, la ULPGC debía presentar un recurso contra su propia renuncia a la ayuda. Disponía de un plazo de 20 días.

Según explica Elisa Fernández, portavoz de CCOO en la Coordinadora Marea Roja de la Investigación, la ULPGC había renunciado a esa ayuda sin barajar otras alternativas que hacían posible la contratación. Entre ellas, el artículo 23bis de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue introducido a través de un real decreto aprobado en abril y que regula los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida y reservados para personas con el título de doctor o doctora. “Cuando los contratos estén vinculados a financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva en su totalidad, no requerirán del trámite de autorización previa”, recoge ese artículo vigente desde abril.

La única diferencia con los contratos previstos en el artículo 22, precisa Fernández, es que la indemnización tras la finalización de la relación laboral “en vez de ser de 12 días por año trabajado, habría sido de 20 días”. “Hay una oposición por parte de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas a estos contratos (recogidos en el artículo 23bis), porque dicen que no se van a poder afrontar esas indemnizaciones. Estamos hablando, como mucho, de 800 euros. En términos de investigación, donde una reacción PCR a tiempo real o un análisis genómico te valen más, 800 euros no son nada”, añade.

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Según la Federación de Jóvenes Investigadores, la universidad también había podido optar por un contrato de “investigador distinguido”, previsto en el artículo 23 de la misma ley, por otras modalidades fuera de esa norma o por haber solicitado autorización al Ministerio para que el contrato vinculado a la ayuda Juan de la Cierva fuera de dos años prorrogable a un tercero, toda vez que el proyecto de reforma de ley finalmente aprobado el pasado 6 de septiembre ya contemplaba ampliar la duración de los contratos de acceso al sistema para investigadores posdoctorales de cinco a seis años, con lo que el problema desaparecía.

Un recurso fuera de plazo

Había sido el 8 de agosto cuando la Agencia Estatal de Investigación había decidido que la salida más ágil para solventar el entuerto generado consistía en que la universidad presentara el recurso contra su propia renuncia. Según cuenta Rodríguez, durante los primeros días de septiembre intercambió varios mensajes con la vicerrectora de Investigación de la ULPGC para interesarse sobre el estado del recurso. Lo que le trasladaba era que el Ministerio de Ciencia “no había contestado aún”, así que contactó de nuevo con Alicia Durán, vocal de CCOO en el Consejo Asesor, para tratar de recibir información por otras vías. “Preguntó y se enteró de que la universidad lo había presentado fuera de plazo y que se había perdido la Juan de la Cierva. Tenían 20 días para recurrir y lo presentaron el 4 de septiembre”, asevera la bióloga.

La investigadora pidió explicaciones por esa “dejadez” en la tramitación de su recurso. Según su relato, desde la universidad le deslizaron que se había producido una confusión entre días lectivos y días hábiles. La ULPGC permaneció cerrada durante todo el mes de agosto a excepción de la última semana. “Esa semana era el momento de hacerlo”, sostiene Rodríguez, que recuerda que la Agencia Española de Investigación “no cierra” en verano.

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“Me dicen que van a intentar solucionarlo, pero no hay solución. Son plazos y si no los cumples, no hay solución”, lamenta la investigadora. “No entiendo cómo ha podido suceder esto, pero es que ha sucedido dos veces. No ha sido mi culpa. Si no he hecho nada mal, ¿por qué soy la perjudicada?, ¿por qué soy el cabeza de turco?”, se pregunta.A la ULPGC también le perjudica. Las universidades se pelean por este tipo de ayudas, porque les permiten tener a investigadores de excelencia trabajando prácticamente sin coste (el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación asume el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social) y ganar puntos en los ranking europeos“, añade.

Adriana Rodríguez exige responsabilidades por esta actuación. A finales de septiembre concluyó el contrato de sustitución que tenía desde junio de 2021 en la Universidad de La Laguna. La investigadora remarca que dejó de presentarse a otras convocatorias porque tenía concedida la ayuda Juan de la Cierva Incorporación y que ahora, debido a “la incompetencia” de la ULPGC, está “penalizada” en la carrera investigadora, ya que en su expediente consta una renuncia en la que nunca intervino.“Es una desidia y una incompetencia absolutamente intolerable de la universidad. Han dejado una persona en la calle por absoluta irresponsabilidad. Hay que pedir responsabilidades, tienen que contratar a esta mujer”, sostiene Alicia Durán (CCOO).

Desde la ULPGC han señalado a este periódico que están a la espera de que el Ministerio de Ciencia e Innovación respondan a una solicitud que han cursado recientemente sobre el caso de Adriana Rodríguez “para tratar de ayudarla”, sin dar hasta la fecha más detalles.

Una investigadora pierde un contrato de excelencia por un error de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1)

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Last Updated: 03/03/2023

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